SATSE insta a la Inspección de Trabajo a intervenir ante el uso indebido y arriesgado de vehículos particulares por parte de enfermeras y médicos en el Departamento de salud de Requena

03.06.2026.- El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se ponga fin a una práctica extendida en centros de salud y consultorios auxiliares del Departamento de salud de Requena: el uso de vehículos particulares por parte de profesionales sanitarios para realizar visitas domiciliarias, tanto programadas como urgentes, durante su jornada laboral.

En estos desplazamientos, enfermeras y médicos transportan material clínico imprescindible, asumiendo gastos, responsabilidades y riesgos que no les corresponden, sin que la Conselleria de Sanidad les proporcione los recursos adecuados ni garantice condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de casos aislados, esta práctica se ha convertido en algo habitual en los centros públicos, que traslada a los profesionales la responsabilidad de los desplazamientos sin ofrecer alternativas ni cobertura suficiente.

Cuando las visitas se realizan en entornos próximos, pueden efectuarse a pie. En estos casos, los profesionales deben transportar ellos mismos maletines de curas (con un peso aproximado de 3 kg) o maletines de urgencias, que rondan aproximadamente los 9 kilos. Sin embargo, en zonas más alejadas y para acudir a casas dispersas, el uso de un vehículo resulta imprescindible, tanto por la necesidad de trasladar material como por razones organizativas, ya que de otro modo sería inviable atender un número adecuado de avisos durante la jornada.

El uso del vehículo propio en este contexto genera numerosos problemas, ya que obliga a los profesionales a manipular y transportar cargas pesadas, aumentando el riesgo de sobreesfuerzos y lesiones. De hecho, hay que llevar el material sanitario desde donde se haya aparcado el coche hasta el domicilio, y, por poner un ejemplo, una bombona de oxígeno pesa hasta 11 kilos.

Además, son ellos quienes asumen los gastos derivados del mantenimiento del vehículo, seguros e inspecciones técnicas, así como las posibles consecuencias de accidentes de tráfico durante los desplazamientos laborales, en ocasiones sin cobertura por parte de sus seguros al tratarse de un uso profesional.

A ello se suma el transporte de sustancias biológicas y químicas, como medicamentos, muestras o residuos sanitarios, en vehículos no acondicionados, muchas veces de uso familiar, así como las dificultades para estacionar en los domicilios, que conllevan el pago de zonas reguladas o incluso sanciones que deben afrontar los propios trabajadores.

SATSE señala que la Conselleria es plenamente consciente de esta problemática, como evidencia el hecho de que las evaluaciones de riesgos laborales incluyan recomendaciones para minimizar los peligros asociados a estos desplazamientos.

Incumplimiento del Plan de atención domiciliaria

El sindicato ya denunció esta situación en 2017, lo que llevó a la firma en 2018 de un plan para mejorar la atención domiciliaria y urgente, que contemplaba la dotación de vehículos para todos los centros de salud. Sin embargo, este compromiso no se ha materializado en su totalidad.

Actualmente, solo algunos centros con Punto de Atención Continuada disponen de vehículos, limitados a turnos nocturnos y festivos, dejando sin cobertura la mayor parte de la actividad domiciliaria diaria.

Incremento de la demanda asistencial

En los últimos años, el número de visitas domiciliarias ha aumentado de forma considerable, lo que agrava una situación que el sindicato califica de irregular y peligrosa, al vulnerar derechos laborales y comprometer la seguridad del personal sanitario. Además, recuerda que a estos profesionales no se les exige disponer de carnet de conducir ni de vehículo propio en el momento de su contratación.

Por todo ello, SATSE ha solicitado una actuación inmediata de la Inspección de Trabajo para prohibir el uso de vehículos particulares en la atención domiciliaria, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la protección de la salud laboral del personal sanitario, especialmente del colectivo de enfermería, que soporta la mayor carga de esta problemática.

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